Al
menos 2.000 menores de edad han muerto en México desde 2006 en la lucha contra
el narcotráfico, un baño de sangre que ha salpicado el país en trágicos sucesos
que los familiares no olvidan, y que temen pueda agudizarse de aprobarse una
ley sobre el papel de los militares en las calles.
Fotografía
cedida del 2008 que muestra a policías federales mexicanos poniendo a salvo a
un grupo de niños, durante un tiroteo en el que participaron agentes federales
y soldados contra sicarios en la ciudad mexicana de Tijuana. (Foto Prensa
Libre: EFE)
"Las tasas de homicidio se han
incrementado de manera impresionante, particularmente en niños, niñas y
adolescentes. En el segmento de 15 a 17 años de edad se tienen 30 % más de
posibilidades de ser asesinados que siendo adultos", denuncia a Efe el
director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim),
Juan Martín Pérez.
En el marco de la llamada guerra
contra el narcotráfico del mandatario Felipe Calderón (2006-2012), marinos y
soldados salieron a las calles, en una polémica decisión que el actual
presidente, Enrique Peña Nieto, no cambió y ha dejado espeluznantes cifras:
unos 28.000 desaparecidos y más de 170.000 muertos hasta 2016.
En este contexto, los menores de edad
han visto cómo la estela de muerte los persigue, y cada vez de manera más
cruel.
Y el número de víctimas puede ser
mayor, pues el recuento de 2.000 muertes asociadas a la lucha contra el crimen
organizado es fruto de una documentación en base a recortes de periódicos,
averiguaciones previas o testimonios.
El trabajo ha permitido localizar
geográficamente las zonas más mortíferas para los jóvenes, pero también revela
la falta de información oficial existente, remarca Pérez.
Los jóvenes son atacados por tres
principales razones. Por ser hijo de alguna persona vinculada a una
confrontación -ya sea integrante de un cártel o de un agente de seguridad-, por
su propia implicación en el crimen organizado o al ser secuestrados por
narcotraficantes a fin de causar terror en una zona, explica.
Un
soldado mexicano presta guardia en el rancho "Villareal" de
Tlajomulco, estado de Jalisco (México). (Foto Prensa Libre: EFE)
Según el experto, en los primeros
años los menores eran principalmente víctimas en "cruces de disparos"
en enfrentamientos.
Fue hacia 2011 cuando se empezaron a
registrar ataques directos a niños. "No solamente eran homicidios con arma
de fuego, sino que muchos de estos cuerpos habían sido víctimas de tortura o
algún otro tipo de mutilaciones", apunta el titular de la Redim.
Solo algunos casos han trascendido a
la ciudadanía y ponen de manifiesto lo injusto que resulta la pérdida de vidas
tan jóvenes.
Es el caso de Martín y Brayan
Almanza, de 9 y 5 años, fallecidos en un tiroteo del Ejército al vehículo en el
que viajaban, un suceso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
calificó como "un atentado al derecho a la vida" tras una
investigación propia.
"El Ejército no tiene respeto ni verdad,
porque en vez de hacer su trabajo bien, salen a hacer de las suyas",
Cintia Salazar, madre de dos niños que murieron luego de un tiroteo que el
Ejército hizo contra el vehículo en el que viajaban.
Los militares maquillaron el suceso,
alegando que se trató de un choque con criminales que, accidentalmente, terminó
con la vida de los dos niños y con varios de sus familiares heridos.
"A nosotros nos tocó la tragedia",
dice a Efe la madre de los niños, Cintia Salazar, casi siete años después de
ese fatídico 3 de abril de 2010, cuando iba de Nuevo Laredo a la playa de
Matamoros, en el nororiental estado de Tamaulipas.
Como si fuera ayer, recuerda que
pasaron un retén militar y Martín hizo adiós con la mano a los militares,
quienes segundos después empezaron a dispararles.
El mayor falleció en el vehículo y
Brayan en sus brazos, cuando huían del tiroteo. "Fue la misma bala que a
mí me rozó el brazo", rememora.
El suceso traumatizó a su familia y,
aunque fue indemnizada, vive con impotencia la inoperancia de la Fiscalía
general y que a día de hoy ningún militar haya sido condenado por el suceso.
"No ha habido justicia, todo
sigue igual", agrega la mujer, madre de cinco hijos, que teme que quienes
le hicieron esto a su familia sigan matando.
Salazar es uno de los familiares que
critica abiertamente a los militares y la Ley de Seguridad Interior, que se
debate actualmente en el Legislativo con el respaldo de la mayoría de fuerzas
políticas y busca regular el actuar de las Fuerzas Armadas en su combate al
narcotráfico.
"El Ejército no tiene respeto ni
verdad, porque en vez de hacer su trabajo bien, salen a hacer de las
suyas", dice al ser cuestionada por una ley que considera
"innecesaria".
Miembros
del Ejército y la Marina Armada de México resguardan una zona residencial en el
centro de recreo de Cancún en el caribe mexicano. (Foto Prensa Libre: EFE)
Pérez recuerda que dicha ley es
contraria "a recomendaciones internacionales" y no reconoce la crisis
de derechos humanos que vive el país, detonada por "la fragilidad
institucional" y creciente desde finales de 2006, año en el que salieron
las tropas a la calle.
A pesar de los comentarios negativos
de familiares y expertos, una reciente encuesta de Parametría reveló que el 60
% de los consultados prefería al Ejército en las calles, más de tres veces el
porcentaje de quienes se inclinaron por la Policía (18 %).
Dos mil menores muertos, otra amarga cifra de la lucha antinarco en México
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Oleh
Julian Lozano
