Según la Casa Blanca, en el país hay 188.000
hectáreas sembradas con este cultivo ilegal.
En
la distancia, los cultivos de coca se ven luminosos. Su resplandor baña de luz las montañas del
municipio de El Tambo, en el Cauca. Al
acercarse, se ven las plantas de tallos leñosos, de dos metros de altura, con
sus hojas verdes y pequeñas flores blancas coronadas por frutos rojizos.
También crecen así
en Nariño o en Guaviare, en Putumayo o en Norte de Santander. Según la Oficina de Política Nacional para el Control
de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por su sigla en inglés), en el 2016 en
Colombia había 188.000 hectáreas de coca. ¡Todo un récord! Un incremento del 18
por ciento frente a las cultivadas en el 2015, que fueron 159.000.
La inquietud en Estados Unidos tiene un argumento sólido. “El derivado de esas hectáreas en la producción
potencial de cocaína pura es de 710 toneladas por año”, reconoció el ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas.
La coca y lo que gravita a su alrededor
ha sido noticia durante los últimos 35 años en Colombia. Y a pesar de su impacto en la sociedad, son
contados los profesionales que se dedican a estudiarla en el escritorio y en el
terreno. Uno de ellos es Daniel Mauricio Rico Valencia, exasesor de políticas
antinarcóticos del Ministerio de Defensa y actual investigador de la Fundación
Ideas para la Paz. Él sabe de los mitos y verdades de que haya tantas plantas,
como se dijo desde Washington.
(Le puede interesar: Un gramo de cocaína vale 500 dólares en Pekín)
¿Por qué se llegó a semejante número? En Colombia –cuenta– confluyen varios
factores particulares que la adaptaron, la arraigaron y la expandieron: “La
presencia de actores armados ilegales que generan condiciones de estabilidad en
precios y producción, la protección de agentes corruptos del propio Estado y la
ventaja topográfica que retrasó la llegada estatal a una parte significativa
del territorio”.
La lucha contra los narcocultivos ha
sido el eje de la agenda del presidente de turno. Pero hay temas de igual
impacto criminal que la coca. El
investigador enumera a la minería ilegal, donde solo hasta este año hubo un
primer intento de medición; la tala de bosques, el desvío de medicamentos, el
contrabando de combustibles o la producción y venta de drogas de síntesis.
Quién cuenta las matas
Hoy
se hacen dos mediciones de cultivos. Una, la del CNC (Crime and Narcotics
Center’s), dependencia de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), que usa una
metodología de imágenes y software para llegar a un estimado con menor nivel de
detalle y que responde a la pregunta de cuánta coca en promedio hay cada año.
Y otra, la del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que toma
fotos para saber cuánta coca había el último día de cada año. Esta tiene el
valor añadido que emplea más recursos humanos de interpretación, con el propósito
de hacer un censo más detallado. Su trabajo es más lento por lo que el
resultado sale con seis meses de rezago.
(Además: Cultivos y producción de coca en Colombia alcanzan máximo
histórico)
Y en camino viene una tercera medición.
Será hecha por la Policía Antinarcóticos: el Sistema de Información Integrado
de Cultivos Ilícitos (Cima), que en teoría apoyará las labores operativas de
erradicación. Es previsible que más temprano que
tarde sus datos vayan a diferir con los de Simci y CNC.
“Nuestra agenda está ‘cocainizada’. No tenemos buenas mediciones de la
producción de ningún otro cultivo ilícito, no sabemos ni cuánta marihuana, ni
cuánta amapola se cultiva”, dice este estudioso bumangués de 38 años de edad.
Él cree que es vital analizar el incremento bajo periodos amplios para tomar
decisiones y no dar respuestas al calor de las últimas noticias. A juicio de
Rico Valencia, no hay un objetivo definido que asuman todas las entidades del
Estado y se mantenga de un presidente a otro.
“El error ha sido querer reducir la oferta de cocaína a cualquier costo.
Nuestro objetivo debió ser reducir los muertos del narcotráfico y combatir la
corrupción que se genera en el Estado y los negocios”.
Matar la yerba
Y,
claro, cada vez que sale una medición de estas se abre la intensa polémica: ¿la fumigación aérea con glifosato es buena o
mala? “Este es un punto de absoluta polarización,
que tiene más de política y apasionamientos que de debate basado en
evidencias”, afirma el investigador.
(Vea: Así es el proceso de elaboración de cocaína)
Para un sector –agrega él– el glifosato es la causa de todos los males, según
la cual se generaron desde desplazamientos hasta abortos, y señalan que no tuvo
ningún impacto en reducir los cultivos de coca. Para otro, es la solución casi
mágica que nos devolverá la seguridad y legalidad a los campos y ven en la
suspensión de las fumigaciones la causa única del incremento de la coca. “Ambas
concepciones están equivocadas y ambas tienen algo de verdad”, concluye.
Su veredicto no es político, sino
técnico. Es economista de la Universidad
Nacional de Colombia, politólogo de la Universidad de los Andes, máster en
Administración Publica para la Seguridad y Defensa Nacional, candidato a Doctor
en Criminología de Políticas Públicas y becario J. William Fulbright de la
Universidad de Maryland, un currículum siempre inclinado al impacto de la coca.
Además, se declara lector de cuanto informe tenga que ver con lo que algunos
llaman “la hoja maldita” y dedica buen parte de su tiempo a recolectar cifras y
elaborar hipótesis que después testea con la realidad que observa en las zonas
rurales por donde anda libreta en mano recogiendo las experiencias de los
campesinos.
De Samper a Santos
Eso
le da la autoridad para saber cómo les fue a los últimos presidentes en esta
batalla. “Con Ernesto Samper tuvimos una
tendencia calcada de la actual, Uribe tuvo un mal registro entre el 2004 al
2007, a pesar de que en ese momento era el de mayor intensidad del Plan
Colombia y de la Seguridad Democrática”.
Según el académico, a Uribe, con las
cifras históricas de aspersión y erradicación de esos años, la coca se le subió
de 120.000 a 160.000 hectáreas. “Desde
que tenemos mediciones, el único presidente que ha tenido una reducción
sostenida de la coca fue Andrés Pastrana, de resto todos han tenido subidas y
bajadas de las hectáreas”, dice.
Cada mandatario ha tomado su propio camino. Por ejemplo, Uribe con su política
de Seguridad Democrática, ordenó capturas masivas de las personas que estaban
vinculadas en el campo a su siembra y cultivo. Cada año se capturaban mínimo
1.000 campesinos cocaleros. Santos, por su parte, buscó el diálogo.
En lo que sí hay sintonía entre Uribe y
Santos ha sido en atacar la siembra para evitar que esta sea el combustible de
la guerra.
“Las 188.000 (hectáreas) –agrega– del 2016 parecen un incremento enorme si se
comparan con las 80.000 del 2013, pero si comparamos con años más atrás vemos
que estamos repitiendo nuestros ciclos históricos. Nunca nos hemos bajado de la
bicicleta estática. La verdad es que si bien una mañana se arranca una mata
aquí, en la tarde crece otra allí. Esto no significa, empero, que a todos los
cultivadores les deje ganancias fabulosas”.
El investigador señala que el fenómeno es diferente en cada región. Si bien
montar un cultivo vale en promedio 5 millones de pesos en términos generales en
el país, el rendimiento depende de muchas cosas.
“Una cosa es en el Catatumbo, donde los mismos campesinos producen base de
coca. ¿Por qué? Para procesarla se necesita muchísima gasolina y cemento. Como
estos entran fácil de contrabando desde Venezuela se ganan una plata extra
cuando el precio está bueno”, señala.
(Video: Estas porquerías se mete con una raya de coca)
Lo que ha encontrado Rico Valencia es un factor nuevo: se están armando
'clusters' de coca donde un empresario criminal monta en la misma zona decenas
de cultivos de coca y los llenan de raspachines que le trabajan.
“Estas dos economías, la del microcultivador y el macrocultivador, coexisten y
no es fácil diferenciarlas, desde el satélite no se puede saber quién es el
dueño de cada cocal”, explica.
Sea como sea, lo cierto es que en
Colombia son miles las personas que viven de la coca. Según sus investigaciones, al menos 200.000
familias generan un ingreso directo de la coca, como cultivadores o jornaleros.
Hay otro dato –advierte el experto– para tener en cuenta. La población que sabe
cultivar coca y por diferentes razones hoy no lo hace. “Este es un ejército de
reserva de unas 800.000 familias que en algún momento cultivaron coca”.
¿De dónde salió tanta gente? Rico Valencia lo atribuye a “incentivos
perversos”, como ofrecer recursos a cocaleros para sustituir la coca. “Lo que
logran es reactivar ese ejército de reserva que va en búsqueda de beneficios
prometidos”.
Y es que en este rubro, los números sí han cambiado. Los subsidios para
sustitución que por familia eran de 3 millones ya van en ofrecimientos de 33
millones, por eso el ejército de reserva de la coca está respondiendo y
sembrando.
Y, claro, en el listado hay que poner a los que ya no están. En Colombia la
lucha contra las drogas ha dejado miles de muertes de policías, jueces, líderes
locales y erradicadores que casi siempre son víctimas anónimas.
Hay otro hecho evidente, la presencia cada vez mayor de cultivos de coca a la
vera del camino. “Al principio había un cierto factor vergonzante, la coca se cultivaba
escondida y en secreto, después con el auge se volvió un factor de seguridad
económica, la coca no da mucho pero es un ingreso seguro, un mercado maduro,
como dicen los economistas”, afirma.
Menos muertos
En efecto, hoy pesan muchas variables. El proceso
de paz, el actor que va a dominar el territorio y en esto la coca es muy útil:
si llega el Estado a hacer una sustitución y paga bien o si llegan el Eln, las
‘bacrim’ o el Epl, hay que sembrar. Para los cultivadores, la coca es su moneda
de cambio.
Ante este balance, la pregunta es inevitable. ¿Santos podría mostrarse
satisfecho cuando observa las cifras de 188.000 hectáreas de coca, pero con un
saldo mínimo de muertos?
“Yo sí prefiero el balance del actual gobierno con 28.000 hectáreas más de coca
que en el 2007, pero con la mitad de los muertos”, responde el académico.
¿Entonces? ¿Qué hacer? “Yo soy optimista –concluye nuestro experto–: los
últimos tres presidentes han tenido cada uno sus aciertos que han logrado
desescalar la violencia asociada al narcotráfico, ya no tenemos millones de
desplazados, ni el 40 % de los alcaldes gobernando fuera de sus municipios,
tampoco ninguna ciudad sitiada por la insurgencia ni hay una mafia que amenace
el Estado de derecho y en el mundo ya no nos ven como un Estado fallido”.
O sea, ¿que los reportes no dan como para sentarse a llorar? “Creo que dentro
de 100 años los historiadores del siglo XXII van a mirar nuestra época y se
preguntarán... ¿De verdad creían que la guerra contra las drogas la podían
ganar?”.
Mitos y verdades de la bonanza de la coca en Colombia
4/
5
Oleh
Julian Lozano
